Con gestiones deportivas pendientes, el Córdoba CF es noticia por cuestiones extradeportivas. El Alto Tribunal corrige la información, pero no descarta que el juez Rodríguez Moyano también haya sido denunciado.

Los últimos días el Córdoba CF ha sido noticia fuera de los terrenos de juego, algo que puede convertirse en tónica habitual durante este verano. Frente a la tranquilidad que exhibe Javier González Calvo y los planes deportivos que se dejan entrever en la nueva gestión, la atención está puesta en los juzgados, donde continua la batalla judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una nota anunciando que la empresa Bitton Sport SL (a la que están ligados tanto el exdirector general del Córdoba Luis Oliver como el exconsejero Joaquín Zulategui) se querelló contra los magistrados Fernando Caballero y Antonio Fuentes Bujalance por un presunto delito de cohecho. De esta manera, el Alto Tribunal andaluz corrige la información que apuntaba como objeto de la demanda al juez Antonio Rodríguez Moyano.

La nota del TSJA no aclara si Rodríguez Moyano también forma parte de la denuncia o si se trata de una querella distinta. En caso de ser una pieza aparte, la razón sería un presunto delito de prevaricación.

El conflicto parte de la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD a Unión Futbolística Cordobesa SAD. La acción fue validada por Antonio Fuentes, posteriormente recusado. Su sustituto, Fernando Caballero, está a la espera de ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial.

Con la presentación de esta demanda, Bitton Sport SL trata de paralizar la ratificación del cambio de propiedad, que, además, lleva incluidos los derechos de participación en las competiciones que organiza la Federación Española (RFEF). Ahora, la querella de Bitton Sport no solo va contra la compra-venta, sino contra los magistrados de Lo Mercantil que le dieron el visto bueno: primero Fuentes fue apartado por una recusación impulsada por la abogada Magdalena Entrenas, y ahora, Caballero ya ha sido demandado, que no ha llegado a hacerse cargo del caso Córdoba.

La situación no parece tener una solución a corto plazo. Los acreedores están tratando de frenar en los juzgados un proceso que está en un punto clave: una vez sea designado Caballero, este puede dar firmeza al auto de venta, concretando así el cambio de propietarios. Frente a las demandas, González Calvo ha puesto al despacho de abogados Crowe a disposición de todos aquellos que se quieran querellar de manera colectiva contra los antiguos gestores.